LA JUNTA APRUEBA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO MARINA PLAYA GRANADA, EN MOTRIL

Los promotores privados del proyecto prevén 750 atraques, zonas comerciales e industria auxiliar en la futura infraestructura

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha publicado hoy en BOJA la resolución mediante la que se aprueba el estudio de viabilidad presentado por los promotores privados del nuevo puerto deportivo Marina Playa Granada, en Motril, y se les insta a su vez a la redacción del correspondiente anteproyecto. Este documento prevé la creación de 750 atraques, zonas comerciales y áreas técnicas para la industria auxiliar, entre otras actuaciones.

El estudio de viabilidad contempla la construcción de un nuevo puerto deportivo en el delta del río Guadalfeo, en el municipio de Motril, mediante el procedimiento de marina interior, es decir, inundando una zona actualmente terrestre. Gracias a ello, se obtendrían una lámina de agua con unos 750 atraques para embarcaciones de recreo, así como zonas de tierra para la industria auxiliar y de uso terciario.

Los representas de la empresa estiman que Marina Playa Granada supondrá una inversión de 80 millones de euros por parte de las 150 empresas granadinas agrupadas bajo la denominación Marina y Desarrollos Portuarios de Motril. La previsión es que se creen unos 200 empleos durante los dos años que durará la construcción de la infraestructura, y otros 1.000 una vez se ponga en funcionamiento, entre puestos de trabajo directos e indirectos.

Una vez que el promotor termine de elaborar el anteproyecto, se someterá a información pública, a fin de que los interesados puedan presentar sus alegaciones, y deberá obtener también la Autorización Ambiental Unificada. Posteriormente la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar de la Administración central deberá emitir su informe preceptivo para la adscripción de las aguas. A partir de ahí, la Junta de Andalucía podrá licitar el concurso de concesión de obra pública, en cumplimiento de la legislación de contratación administrativa, para abrir el proceso a la libre concurrencia. Una vez adjudicado este concurso se firmaría el correspondiente contrato y se podrían iniciar las obras.